Por Efraín Zamora | Economista y Consultor.
Cada año, cuando el Gobierno Federal presenta su propuesta de presupuesto, la discusión pública se concentra en cifras millonarias, porcentajes de crecimiento, deuda y recaudación. Son datos importantes, pero pocas veces se explica lo que realmente significan para la vida de los mexicanos. Detrás de esas cantidades están las posibilidades de encontrar un mejor empleo, abrir un negocio, recibir atención médica, estudiar una carrera o simplemente lograr que el ingreso familiar alcance para cubrir las necesidades del hogar.
El Paquete Económico 2027 propone un gasto superior a los 10.6 billones de pesos. Para dimensionar esta cantidad, equivale aproximadamente a 82 mil pesos por habitante, considerando una población cercana a 130 millones de personas. Esto no significa que cada mexicano recibirá ese dinero, sino que permite visualizar la magnitud de los recursos que el Estado administrará durante un año. Una parte se destinará a educación, salud, seguridad, infraestructura y programas sociales; otra deberá utilizarse para pagar pensiones, intereses de la deuda y compromisos adquiridos anteriormente. La pregunta que deberíamos hacernos no es solamente si el presupuesto es grande o pequeño, sino si su utilización permitirá que las familias mexicanas vivan mejor y que el país tenga mayores oportunidades económicas.
Para comprender el desafío, conviene observar lo que sucede en cualquier hogar. Una familia puede incrementar sus ingresos y, aun así, continuar enfrentando dificultades económicas si sus compromisos de pago crecen al mismo ritmo o incluso más rápido. Algo semejante ocurre con las finanzas públicas. México espera recaudar aproximadamente 6.26 billones de pesos en impuestos durante 2027, una cantidad considerable que refleja tanto la actividad económica como los esfuerzos de fiscalización. Sin embargo, también enfrenta obligaciones que absorben una proporción importante de sus recursos. Esto limita la capacidad del gobierno para financiar nuevas necesidades y explica por qué tener un presupuesto mayor no necesariamente significa disponer de más dinero para impulsar el desarrollo.
Uno de los aspectos que merece mayor atención es la velocidad a la que crece nuestra economía. Para 2027, Hacienda estima un crecimiento de entre 1.5% y 2.5%. Aunque cualquier expansión representa un avance, debemos preguntarnos si ese ritmo será suficiente para mejorar de manera significativa las condiciones de vida de la población. Cuando una economía crece lentamente, las empresas encuentran mayores dificultades para incrementar sus ventas, contratar trabajadores y mejorar salarios. Al mismo tiempo, el gobierno enfrenta limitaciones para aumentar sus ingresos sin recurrir a mayores esfuerzos de recaudación. El problema no consiste únicamente en cuánto dinero circula en la economía, sino en nuestra capacidad para producir más bienes y servicios, generar mejores empleos y crear nuevas oportunidades de ingreso.
Pensemos en un pequeño negocio que durante varios años ha logrado mantenerse abierto, pagar sueldos y cubrir sus gastos, pero cuyas ventas apenas aumentan. Aunque sobreviva, difícilmente podrá contratar más personal, modernizar sus instalaciones o mejorar las remuneraciones de sus trabajadores. Si esta situación se repite en miles de establecimientos, el resultado es una economía que funciona, pero que no logra desarrollarse con suficiente rapidez. Esta realidad permite entender por qué el crecimiento económico no debería ser una preocupación exclusiva de economistas o funcionarios públicos. Su importancia se encuentra precisamente en las oportunidades que puede generar para las personas.
El presupuesto también revela una dificultad que México deberá enfrentar durante los próximos años: una parte importante del dinero público ya tiene un destino comprometido. Las pensiones y los intereses de la deuda representarían conjuntamente alrededor de 3.9 billones de pesos en 2027. Las pensiones son fundamentales porque constituyen el ingreso de millones de personas que concluyeron su vida laboral, mientras que el pago de intereses permite cumplir las obligaciones financieras del país. El problema no es que existan estos compromisos, sino que su crecimiento reduce los recursos disponibles para atender otras necesidades. A medida que aumente la población adulta mayor, también será necesario encontrar mecanismos para sostener los sistemas de retiro sin trasladar una presión excesiva a las generaciones que actualmente trabajan.
Esta situación adquiere una dimensión social importante. México necesita garantizar condiciones dignas para quienes han trabajado durante décadas, pero también debe generar oportunidades para los jóvenes que comienzan su vida productiva. Ambos objetivos están relacionados. Si los nuevos trabajadores encuentran empleos bien remunerados y las empresas aumentan su productividad, será más fácil sostener los sistemas de protección social. Por el contrario, una economía con empleos precarios, bajos ingresos y una elevada informalidad tendrá mayores dificultades para financiar las necesidades de una población que envejece. Por eso, hablar de pensiones no es solamente discutir cuánto dinero reciben los adultos mayores, sino preguntarnos qué tipo de economía estamos construyendo para sostener ese derecho en el futuro.
Otro elemento relevante es la inversión pública. El gobierno contempla recursos para proyectos ferroviarios, energéticos, hidráulicos y de transporte que pueden contribuir a mejorar la actividad económica. Sin embargo, construir infraestructura no garantiza automáticamente que una región prospere. Una carretera puede reducir los tiempos de traslado, pero su verdadero beneficio económico aparece cuando permite que los productores lleven sus mercancías a nuevos mercados, que las empresas disminuyan sus costos y que las comunidades tengan mejores oportunidades de empleo. De manera similar, una obra energética puede favorecer la instalación de nuevas industrias, siempre que existan condiciones para aprovechar esa infraestructura.
Aquí encontramos una de las principales oportunidades que debería considerar la política económica: lograr que las inversiones públicas se conviertan en oportunidades para las empresas mexicanas. Cuando se desarrolla un proyecto de gran magnitud, también se requieren proveedores de materiales, servicios de mantenimiento, transporte, alimentación, tecnología y múltiples actividades complementarias. Si las pequeñas y medianas empresas de las regiones donde se realizan estas inversiones tienen posibilidades reales de participar, los beneficios pueden extenderse mucho más allá de la construcción de una obra. Pero para conseguirlo no basta con anunciar inversiones; también es necesario facilitar financiamiento, capacitación y acceso a las cadenas de proveeduría.
La discusión sobre el presupuesto tampoco puede separarse de los programas sociales. Durante los últimos años, las transferencias económicas han adquirido un papel importante en el ingreso de millones de hogares. Para una familia que recibe una pensión o un apoyo gubernamental, ese dinero puede representar la posibilidad de comprar alimentos, medicamentos o cubrir gastos indispensables. Además, cuando estos recursos se utilizan en comercios locales, contribuyen a sostener parte de la actividad económica de las comunidades. Sin embargo, existe una diferencia entre disponer de mayores recursos para consumir y contar con una economía capaz de producir más riqueza. Ambas condiciones son necesarias y deberían fortalecerse mutuamente.
Un ejemplo permite comprender esta relación. Si una familia recibe un apoyo económico adicional, probablemente destinará una parte importante a comprar productos y servicios que antes no podía adquirir. Esto beneficia a los establecimientos donde realiza sus compras. Pero si esos negocios enfrentan dificultades para producir más, mejorar sus instalaciones o contratar trabajadores, el efecto económico puede ser limitado. En cambio, cuando el aumento del consumo se acompaña de mayor inversión y capacidad productiva, pueden generarse nuevas oportunidades de empleo e ingreso. Por ello, los programas sociales y el crecimiento empresarial no deberían analizarse como objetivos enfrentados, sino como componentes de una economía que necesita fortalecer tanto el bienestar de las familias como su capacidad para producir.
Existe, además, una realidad que suele quedar fuera de las grandes discusiones presupuestarias: millones de mexicanos trabajan por cuenta propia o desarrollan actividades económicas en condiciones de informalidad. Para estas personas, las decisiones fiscales y económicas tienen consecuencias muy concretas. Un incremento en los costos de operación, mayores dificultades para acceder al crédito o una disminución del consumo pueden representar la diferencia entre mantener abierto un negocio o cerrar sus puertas. Aunque el fortalecimiento de la recaudación es importante para las finanzas públicas, también es necesario reconocer que la incorporación de más personas a la economía formal requiere condiciones que hagan viable su actividad productiva. La formalidad no debería representar únicamente nuevas obligaciones, sino también oportunidades de crecimiento, financiamiento y protección social.
Por otra parte, el presupuesto debe analizarse considerando las oportunidades económicas que México tiene frente a la reorganización del comercio internacional. Nuestra cercanía con Estados Unidos, la experiencia manufacturera y los acuerdos comerciales representan ventajas importantes para atraer inversiones. Sin embargo, estas condiciones no son suficientes por sí mismas. Las empresas necesitan energía, infraestructura, personal capacitado y certeza para desarrollar sus proyectos. Si el gasto público contribuye a resolver estas necesidades, puede convertirse en un factor que estimule nuevas inversiones y mejores empleos. De lo contrario, México podría desaprovechar oportunidades que otros países también buscan aprovechar.
Todo lo anterior conduce a una reflexión que considero fundamental: durante años hemos discutido cuánto debe gastar el gobierno, cuánto debe recaudar y cuánto debe destinar a los distintos programas, pero dedicamos menos atención a cómo lograr que nuestra economía produzca más y genere mejores ingresos. El bienestar de una sociedad no puede depender exclusivamente de la capacidad del Estado para distribuir recursos, de la misma manera que el crecimiento económico no garantiza por sí solo una distribución justa de sus beneficios. El verdadero desafío consiste en construir una relación entre ambos objetivos, donde el crecimiento permita financiar mejores servicios y protección social, mientras que las políticas públicas contribuyan a ampliar las oportunidades económicas de la población.
El Paquete Económico 2027 debe entenderse como una oportunidad para discutir el futuro del país más allá de las cifras presupuestarias. Su éxito no debería medirse solamente por el cumplimiento de las metas de recaudación o por el porcentaje de recursos ejercidos, sino por los cambios que logre producir en las condiciones económicas y sociales de México. Si al finalizar el año contamos con mejores servicios públicos, infraestructura que facilite nuevas inversiones, empresas más productivas y familias con mayores oportunidades de ingreso, podremos hablar de avances que trascienden la administración del presupuesto.
México necesita cumplir sus compromisos actuales, pero también construir las condiciones para financiar las necesidades de las próximas generaciones. Esa es la diferencia entre un presupuesto que permite sostener el funcionamiento del país y uno que contribuye a transformar sus posibilidades de desarrollo. Porque el crecimiento económico no debería ser solamente una cifra que aparece en los informes oficiales, sino una realidad que las personas puedan reconocer en sus ingresos, en sus empleos, en sus negocios y en las oportunidades que encuentran para mejorar su calidad de vida.